El Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano (GLMC) hace una advertencia a la Mesa Directiva del Congreso local para que, a la brevedad, tome protesta a la diputada suplente, Rosaura Guerra, a fin de que no caiga en desacato.
Y es que ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó una controversia de constitucionalidad que promovió el Poder Judicial del Estado, que, a su vez, fue en contra de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Y en ese sentido, el coordinador de la Bancada Naranja, Eduardo Gaona, expuso que la SCJN deja en claro que el Poder Judicial del Estado no tiene competencia para ver temas electorales, los cuales sí competen al Trife,
“Se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de controversia constitucional que hace vale el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León”, se lee en el documento de la SCJN, proyecto impulsado por la Ministra Lenia Batres.
Gaona detalló que cada vez es más latente el desacato por parte del presidente del Congreso Mauro Guerra, por lo que podría haber incluso un arresto administrativo en su contra.
Y es que, con este tipo de sentencias, la SCJN hace claro y evidente que el Poder Judicial local (que actúa en comparsa con el Congreso para impedir la toma de protesta de Rosaura) no tiene facultades en materia electoral.
“Mauro Guerra ya está pendiendo de un hilo. La Suprema Corte ya está siendo muy clara, el Poder Judicial no tiene que meterse en temas electorales. Ya hay sentencias del Trife y del Tribunal Electoral del Estado que piden que se tome protesta a Rosaura, y el Congreso alega que por recursos del Poder Judicial están impedidos”, dijo Gaona.
“Bueno, ayer la Suprema Corte ya puso en orden quien sí y quien no tiene facultad en materia electoral, por eso es riesgoso para Mauro que no llame a nuestra compañera Rosaura”.
En su sentencia, la Ministra de la SCJN expone que se desecha la controversia de constitucionalidad que promovió el Congreso por tratarse de una cuestión calificada erróneamente como electoral.
Y es que solo los tribunales electorales pueden ver temas en la materia, no así el Poder Judicial del Estado.
